Asociación de productores Agropecuarios Mamá Tingó
La Culebra Vicentillo, El Seibo.
Lic. Jean A. Rodríguez
Procurador General de la República.
Su despacho
Vía: Lic. Fernando Quezada García.
Director General de persecución del Ministerio Público.
Estimados Magistrados:
En esta ocasión el motivo de esta comunicación, es para solicitar a este despacho que se nos garantice la protección judicial, de manera independiente con la imparcialidad de la justicia y el derecho que nos asiste ya que todas las acciones del Magistrado Lic. José Antonio Polanco Ramírez Abogado del Estado de una forma descarada está procediendo a favor del invasor de los terrenos de la Asociación Agropecuaria Mamá Tingó de la Culebra, Vicentillo, El Seibo, a favor de Pedro Guillermo Varona por lo que pedimos que chequee las numeraciones de las parcelas que están dentro del decreto y notarás que son distintas.
Mostraremos en cualquier terreno la legitimidad de nuestros documentos para ser poseedores de estas tierras, tenemos como evidencia documentos y video que vamos a exponer:
Con esta declaratoria de documento de la Asociación Agropecuaria Mamá Tingó de Vicentillo, El Seibo, creemos que el Estado debe garantizar a la ciudadanía la seguridad jurídica que se requiere para las protección de los derechos por un buen desarrollo del país, desde que fuimos objeto de esa invasión amparado en un desalojo arbitrario se convirtió en un abuso de poder cometido por el Magistrado Lic. José Antonio Polanco Ramírez al dar ese permiso para intervenir en nuestras tierras.
Estamos actuando en conformidad con las leyes agrarias de la República Dominicana, nosotros como Asociación queremos dejar bien claro, estamos reclamando nuestros derechos de posesión como propietarios de la tierra de la Culebra, Vicentillo, la cual está amparada en un decreto presidencial otorgada por el Dr. Joaquín Balaguer en el año 1975, pese a esto, fuimos arbitrariamente desalojados.
Exponemos para su consideración los siguientes puntos los cuales indican que tienen que prevalecer nuestros derechos.
PRIMERO: El documento que posee el Señor Pedro Guillermo Varona los números de las parcelas no está ubicado dentro de los terrenos de la Asociación de productores Mamá Tingo según el decreto que emitió el Dr. Joaquín Balaguer, en el año 1975 pues la que aparecen es propiedad de los campesinos de la Asociación Mamá Tingó.
SEGUNDO: Además del decreto, a la asociación le asiste el derecho adquirido por el tiempo que tiene la asociación en posesión de los terrenos en plena producción de variados rubros agrícolas.
TERCERO: Los propietarios que ocupan las tierras desde el año 1975 tienen una actualización del decreto con una carta constancias otorgada por el IAD.
CUARTO: A la asociación se le otorgó un acto administrativo y se realizó un trabajo de campo midiendo las tierras para hacer los plano de titulación que comenzó a hacer el propio del IAD.
SEXTO: Poseemos un vídeo en la que el presidente Danilo Medina le da instrucciones al director de titulación de tierra que les prepare los títulos a los campesinos de la Asociación de La Culebra.
OCTAVO: No entendemos cómo este señor Pedro Guillermo Varona con un título registrado en ONAPI, EL 15, 03, 2017 a nombre de LA GANADERA, LA CARMITA. S.A. Puede tener el derecho adquirido de propiedad.
Señor Magistrado: Nosotros hemos actuado respetando las leyes de esta país y de manera pacífica por lo que estamos utilizando estos medios judiciales, propios del sistema judicial con el objeto de que se tome en cuenta el abuso de poder ejercido por el Magistrado Lic. José Antonio Polanco Ramírez Magistrado del tribunal tierra del Seibo, donde consta que el sabían que el desalojo no correspondía porque esas tierra están en otro lugar, que no guarda relación con las tierras de la asociación.
Como ya hemos dicho, y lo hemos demostrado con documentos,esta es una falsedad con la que se ha venido manejando esta situación en contra de nosotros, este desalojo fue irregular,el grupo que compone la asociación no va a renunciar a sus tierras en la culebra vicentillo este atropello, es en contra de un grupo de campesinos compuestas por más de seiscientas familias y no puede quedarse así, el permitir la violación de este derechos es un acto inhumano y se agravará el sistema judicial, el mismo se verá debilitado y totalmente dependiente, y no lo creemos así, sabemos que el gobierno utilizar esta institución para impartir justicia y colaborar con el desarrollo sano y la paz de los dominicanos.
