La comunidad seibana ha manifestado su oposición rotunda al desalojo de 63 familias de escasos recursos que residen en terrenos pertenecientes al Estado Dominicano, detrás del residencial José Francisco Peña Gómez. Este conflicto ha cobrado visibilidad tras las denuncias de los afectados y los debates en medios locales.
En el programa radial El Poder de la Mañana, transmitido por Radio Seybo, se realizó la pregunta del dia a la audiencia preguntando su opinión sobre este posible desalojo. La mayoría de los oyentes se solidarizó con estas familias, quienes enfrentan una situación económica precaria, sin ingresos fijos que les permitan costear alquileres elevados y cubrir necesidades básicas como alimentación y servicios.
El clamor por soluciones dignas
Un importante segmento de la audiencia coincidió en que si estas familias deben abandonar los terrenos que han habitado durante años, el gobierno está moralmente obligado a garantizarles un proyecto de reubicación. Muchas de estas familias han construido sus viviendas con esfuerzo, utilizando donaciones, ahorros o préstamos, a menudo de fuentes informales, que solo aumentan su vulnerabilidad.
Otros participantes opinaron que sería necesario realizar una depuración para asegurar que el beneficio de cualquier reubicación esté destinado exclusivamente a quienes realmente lo necesitan, evitando que personas con propiedades en otros lugares sean beneficiadas de forma injusta.
Historial de intentos de desalojo
No es la primera vez que estas familias enfrentan esta amenaza. En 2022, los empleados del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) intentaron desalojarlas, pero la intervención de la entonces gobernadora Irene Martínez impidió que se ejecutara la orden. Sin embargo, las familias denuncian que nuevamente han sido amenazadas, lo que genera un clima de incertidumbre y preocupación en Villa Guerrero.
Un llamado a la acción
La comunidad espera que las autoridades respondan con sensibilidad y justicia ante esta situación, brindando alternativas viables antes de proceder con cualquier desalojo. Los seibanos han dejado claro que, más allá de las palabras, se necesita acción concreta para proteger a las familias más vulnerables.
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