COLECTIVO MIGRACIÓN Y DERECHOS HUMANOS
Comunicado en defensa de los derechos de la población migrante haitiana, dominicana de ascendencia haitiana y afrodescendiente en la República Dominicana
A las personas abajo firmantes nos impulsa el respeto, la solidaridad, y el compromiso con la dignidad humana consagrado en la Constitución de la República. Creemos en una sociedad justa e inclusiva, donde todas las personas, sin importar su origen, sean valoradas, tratadas con empatía y respeto a sus derechos.
Solo a través del apoyo mutuo, el reconocimiento de la contribución de personas de diferentes orígenes y culturas y de la diversidad como una riqueza que nos fortalece como sociedad, podemos construir un futuro más equitativo para todos y todas.
La situación migratoria en la República Dominicana es históricamente compleja, en gran medida debido a las tensiones derivadas de la relación con el país vecino. En los últimos años y a raíz de la crisis multidimensional de Haití, la situación ha escalado y adquirido nuevos niveles de gravedad, impulsada por deportaciones masivas, y una creciente deshumanización de la población migrante, dominicana de origen haitiano y afrodescendiente.
Reconocemos el derecho soberano del Estado al control de los flujos migratorios en el país, pero exigimos al Gobierno dominicano considerar los efectos nacionales e internacionales de la medida extrema tomada recientemente por el mismo de deportar 10,000 personas por semana y sus repercusiones sociales, políticas, económicas y humanitarias en la población a la que va dirigida la misma, así como en el mercado laboral dominicano y en el país vecino, que como es sabido atraviesa por una crisis multidimensional que requiere de asistencia humanitaria internacional.
Las recientes acciones del gobierno dominicano no sólo violan normativas nacionales (como la Ley de Migración de 2004 y su reglamento de aplicación de 2011), sino también normativas internacionales (como la Convención Americana de Derechos humanos de 1969 y el Protocolo sobre mecanismos de repatriación de 1999). También, estimula la proliferación de organizaciones que promueven el odio racial y contribuyen a la violación de los derechos de las comunidades más vulnerables, algo que debe ser penalizado.
Por más de un siglo, la mano de obra haitiana ha sido clave para la economía dominicana, impulsada y controlada en gran medida por el Estado. Desde el modelo azucarero de 1919, la diversificación económica de los años 80 y 90 vigente en la actualidad, este proceso ha estado marcado por corrupción, violación de derechos y trata y tráfico de personas.
Actualmente, es de gran preocupación la decisión de deportaciones o expulsiones masivas violando la legislación nacional. Éstas se realizan sin considerar situaciones y circunstancias individuales a partir del perfilamiento racial; afectando también a dominicanos y dominicanas afrodescendientes. Se ha llevado a menores no acompañados, separando familias; afectando a mujeres embarazadas, niños, niñas, personas adultas mayores; allanamientos ilegales; extorsionando por altas sumas de dinero; manteniendo por varios días a las personas retenidas en centros de detección sin condiciones apropiadas y deportando diariamente.
El mismo Estado ha generado irregularidad migratoria al paralizar la aplicación del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Irregular, afectando a muchas personas migrantes que contaban con su carnet de trabajo y que, ahora vencido, no pueden actualizar, así como a muchas personas dominicanas de ascendencia haitiana que fueron desnacionalizadas por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.
A continuación, se exponen los propósitos fundamentales de esta iniciativa:
1. Exigimos considerar el fin de las deportaciones colectivas o masivas y las detenciones arbitrarias e ilegales de mujeres embarazadas o lactantes, niños, niñas y adolescentes haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana y de afrodescendientes en general que violan el debido proceso de la legislación nacional e internacional.
2. Nos comprometemos a denunciar todas las formas de violación de los derechos humanos que sufre esta población y a visibilizar el impacto de las políticas migratorias discriminatorias.
3. Exigimos que las deportaciones que se realicen respeten los derechos fundamentales y el debido proceso según la Constitución, la Ley General de Migración de 2004, su Reglamento de aplicación de 2011 y el Protocolo sobre mecanismos de repatriación suscrito con Haití en 1999.
4. Exigimos tomar en consideración la puesta en marcha de mecanismos que permitan y faciliten la regularización de inmigrantes como la implementación del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Migratoria Irregular (PNRE), que se encuentra paralizado y la renovación por un año de los carnets de trabajador/a temporero/a vencidos en 2020, entregados por el Plan de Regularización que se iniciara en 2014 y 2015.
5. Exigimos considerar la reapertura de las oficinas del Ministerio de Interior y Policía creadas para dar seguimiento a la aplicación del PNRE y de la Ley 169-14 que permite recuperar la nacionalidad dominicana a las personas afectadas por la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional y dar cumplimiento a los decretos de los respectivos presidentes Danilo Medina y Luis Abinader que reconocen la nacionalidad de personas afectadas por dicha sentencia.
6. Exhortamos a los Poderes del Estado a incentivar políticas y medidas preventivas para combatir y sancionar mediante ley la promoción del odio racial, así como cualquier otra forma de opresión o discriminación en nuestra sociedad.
7. Nos comprometemos a fomentar un ambiente de ética, empatía, respeto mutuo, solidaridad y convivencia, donde prevalezca el reconocimiento de la dignidad humana de todas las personas, como lo establece la Constitución dominicana e invitamos a tomar responsabilidad asumiendo posturas que enfrenten la violación de derechos.
Entra en el siguiente link y firma la peticion: https://www.change.org/p/exigir-al-gobierno-dominicano-detener-las-deportaciones-masivas-violatorias-de-dd-hh
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